El cierre de Delphi en Cádiz

Pocos andaluces (y pocos españoles) no habremos oído hablar del cierre de la factoría que la multinacional Delphi mantenía en Puerto Real, y que ha dejado en la calle a casi 1.600 trabajadores. Oí, de pasada, en la televisión, que un día después del cierre de la fábrica, se anunció la apertura de una mayor en Tánger. Buscando en la Red, encuentro un buen artículo en la bitácora de CNT-AIT Sindicato de Oficios Varios de Cádiz.

La nueva planta de Tánger creará entre 2500 y 3000 empleos y, evidentemente, la multinacional podrá decir mucho para justificarse, pero la razón fundamental ha sido que los sueldos en Marruecos son bastante más bajos que en España, y Tánger y Cádiz no están demasiado lejos.

Hay muchos hechos tristes en este asunto, empezando y casi terminando con el drama humano de 1.600 personas y sus familias que se ven lanzados a un mercado laboral en el que no encajan, por su especialización - ¿qué otras fábricas como Delphi puede haber en Cádiz? - o por su edad. Es un golpe económico a una de las provincias andaluzas donde más difícil está el trabajo.

También se une en este caso y, probablemente, en otros parecidos, una circunstancia que tampoco nos debería hacer gracia. Y es que Delphi recibió 14,3 millones de euros en ayudas para establecerse en Puerto Real, ayudas que, ahora, va a ver la Comisión Europea si se las reclama o no. Veo muy complicado que recuperen ese dinero y, además, todo esto me lleva a muchas reflexiones. La principal, la diferencia de trato que el Estado concede a multinacionales y a microempresas. Delphi, que con el tamaño que tiene debe de disponer de abundantes recursos, recibe dinero a manos llenas. En cambio, cuando un grupo de trabajadores quieren, incluso, capitalizar el paro para invertirlo en su empresa de Economía Social (su cooperativa, su sociedad laboral), se les ponen todas las pegas posibles. El trámite es complejo, te lo deniegan por tonterías; en cambio, estoy seguro de que los problemas que tuvo la multinacional para acceder a cantidades mucho mayores fueron mínimos. El caso para las subvenciones de cantidades miles de veces inferiores, es similar.

Teóricamente, el subsidio de desempleo es algo por lo que ya se ha cotizado y pagado, así que no tiene demasiado sentido que sea tan sumamente complejo cobrarlo de golpe para intentar la autogestión. Estamos de acuerdo en que la capitalización del paro ha sufrido un fraude elevado, pero para el caso de una sociedad laboral o cooperativa, esas cantidades deben estar ingresadas en una cuenta corriente y constar en las escrituras de constitución. Y luego, hay que registrar cuentas, y en ellas la Administración podría ver si se está intentando defraudar o no. Con esta base, debería ser fácil desarrollar una normativa que evitara el fraude en un porcentaje muy elevado.

Lo peor es que este tipo de deslocalizaciones sólo las pueden llevar a cabo las multinacionales; pocas microempresas van a hacer algo parecido. Y en el caso de la Economía Social es mucho más difícil, ya que el objetivo de estas empresas es dar un puesto de trabajo digno a sus socios o cooperativistas. Carece de sentido que la Economía Social despida a miles de personas para aumentar sus beneficios, porque en las Juntas Generales, controladas por sus trabajadores, nunca prosperaría algo así. Aparte de que repartir muchos dividendos es lo contrario de lo que se pretende en la Economía Social.

Quizá sea la hora de apostar un poco más por los trabajadores autóctonos, por la Economía Social y la autogestión (que no autarquía, no confundamos), y no andar esperanzados a que los gigantes nos den trabajo. Porque deberíamos reconocer que las multinacionales van a lo que van; tampoco es que sean el demonio, sino que sus intereses no tienen nada que ver con dar empleo o fomentar el desarrollo. Las multinacionales están en guerra unas con otras a nivel internacional, y prima su supervivencia al bienestar de uno de los pueblos donde tienen una fábrica. Basta con no olvidarlo.